UNIVERSIDAD PRIVADA DE
TACNA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
TÍTULO
Entrevista
de Victor Andre Garcia Belaunde
CURSO
Criminología
CICLO Y SECCIÓN
IV “B”
DOCENTE
DR. Carlos Alberto
Pajuelo Beltran
INTEGRANTES
Marcelo Fidel Escobedo
Bernaola
Janyrè Lucía Juarez Carpio
Fabiola Antonella
Cabrera Gambetta
Vanesa Fernanda Castillo
Cabrera
Farid Rodolfo Rodríguez Congachi Marcelo
Jhon Jilaja Chucuya
Tacna, Perú
2024
Entrevista de Victor
Andre Garcia Belaunde
Ley de Terrorismo Urbano
La presidenta Dina Boluarte presentó al Congreso de la
República del Perú un proyecto de ley con el objetivo de reformar el Código
Penal, buscando abordar la problemática criminológica relacionada con la
inseguridad que presenta la ciudadanía en cuanto a la seguridad ciudadana. La
propuesta incluye el aumento de las penas para delitos graves como el sicariato
y la extorsión, y además plantea la creación de un nuevo delito denominado
"terrorismo urbano". A continuación, se describen los puntos principales
del documento.
a.
Reforma
del Código Penal. Se plantea modificar los artículos 108-C y 108-D, que
tratan sobre el sicariato, así como el artículo 200 relacionado con la
extorsión.
b.
Introducción
del Delito de Terrorismo Urbano. Se incorpora un nuevo artículo, el 315-C,
que define el terrorismo urbano como actos que generan temor en la población a
través de delitos como el sicariato y la extorsión, entre otros.
c.
Aumento
de las Penas. Los delitos mencionados en la propuesta conllevan un
endurecimiento de las penas, pudiendo llegar a la cadena perpetua en casos
agravados.
d.
Contexto
y Causas de los Delitos. La propuesta responde al incremento de la
criminalidad en Perú, destacando el aumento de casos de sicariato y extorsión
que afectan la seguridad pública.
e.
Estado de
Emergencia y Rol de las Fuerzas Armadas. Se establecen procedimientos
específicos bajo el régimen de estado de emergencia, asegurando que las
acciones de las fuerzas de seguridad se realicen conforme a las leyes de
justicia militar.
¿Qué es Terrorismo Urbano según el Proyecto
de Ley presentado por el Ejecutivo?
En consecuencia, se incorpora el
artículo 315-C al Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, que
define como "Terrorismo Urbano" a quien lleve a cabo actos que causen
terror o intranquilidad en la población o en una parte de ella, mediante la
comisión de los delitos contemplados en los artículos 108-C, 108-D, 152 y 200
del Código Penal. Este delito será sancionado con una pena privativa de
libertad no menor de treinta (30) años.
Inclusive dentro de la ley 315-C se plantea también las
circunstancias en que se efectuará la cadena perpetua:
1.
Pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía
Nacional del Perú.
2.
Utiliza armamento, material de guerra y/o
artefactos explosivos o cualquier otro medio similar.
3.
Usa o emplea armas, municiones o explosivos que
pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.
4.
Emplea a menores de edad u otros que se
encuentren en situación de inimputabilidad.
No obstante, el término "terrorismo urbano" no
refleja con exactitud la naturaleza de los delitos que se enfrentan
actualmente, ya que agrupa delitos preexistentes bajo una nueva etiqueta, lo
que podría generar confusión. Además, el Ministerio Público ha advertido que
esta norma infringe los principios de legalidad y proporcionalidad, y considera
que "no es factible, ya que no constituiría la mejor solución para
combatir la inseguridad ciudadana". La institución subrayó que este
problema requiere "un enfoque multidimensional que involucre a la
sociedad, el gobierno, las instituciones y expertos de diferentes áreas para
lograr soluciones eficaces y equitativas".
Modificación de Terrorismo Urbano a
Criminalidad Sistemática
Para la introducción de este nuevo concepto, se incorpora
el Capítulo III sobre Criminalidad Sistemática en el Título XIV del Libro
Segundo del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635,
estableciendo los artículos 318-B y 318-C con el siguiente contenido:
Artículo 318-B. Criminalidad Sistemática:
318-B.1. El que, de forma sistemática y generalizada, provoca, crea
o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector
de ella, mediante la comisión de no menos de tres actos-típicos de grave
intensidad, sean los mismos o distintos, sin necesidad de que sea uno solo el
autor que actúa en todos los casos, con la finalidad de obtener ventaja o
beneficio económico, prevalencia o hegemonía en la actividad criminal, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta y cinco años.
(...)
Artículo 318-C. Criminalidad Sistemática Agravada
La pena será de cadena perpetua si concurre cualquiera de
los siguientes agravantes: a) Si el agente emplea armamentos, materiales de
guerra, artefactos explosivos o cualquier otro medio similar. b) Si el agente
posee, usa o emplea armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las
Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú. (...)
¿Qué es Criminalidad Sistemática?
La iniciativa establece que se considerará criminalidad
organizada cuando sea sistemática y generalizada. "Por lo tanto, si se
presenta un acto sistemático, pero no generalizado, no se clasifica como
criminalidad organizada, y viceversa; esto resulta bastante confuso. Se
considera que hay generalización cuando hay al menos tres víctimas, lo que
significa que si hay solo dos, no se aplica esta categoría. Además, señala que
se tomará en cuenta la actuación con gran crueldad, pero ¿cómo se define
exactamente 'gran crueldad?".
¿Qué es el Delito de Criminalidad
Sistemática según el último dictamen aprobado por el Congreso?
Este dictamen se sustenta en los proyectos de ley 5525,
5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029,
8043, 8051 y 8061. Con esta propuesta se incorpora el artículo 318-B, en el
Código Penal, Decreto Legislativo 635, con el siguiente texto:
“Artículo 318-B.
El que, mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil,
artefactos explosivos u otros de similares características, provoque o realice
conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato,
homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población
o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua”.
De acuerdo con el dictamen, se
define como delito de criminalidad sistemática aquel acto de extorsión que se
lleva a cabo en múltiples ocasiones utilizando artefactos explosivos, con el
propósito de generar alarma en la población. En este contexto, la sanción aplicar es la cadena perpetua.
El congreso no es el gobierno
La actual situación política en
Perú ha sido objeto de debate y análisis, particularmente a través de las
palabras de figuras como Víctor Andrés García Belaunde. Su afirmación de que
"el Congreso no es el Gobierno" pone de manifiesto una distinción fundamental
en la estructura del Estado peruano, una distinción que tiene profundas
implicaciones en la criminología y en la manera en que los ciudadanos perciben
la autoridad, la criminalidad y la ley. El ex congresista explora la relevancia
de esta separación de poderes, el papel de la policía, y el impacto de las
normas y leyes en el comportamiento delictivo, todo ello dentro de un contexto
de creciente desconfianza hacia las instituciones y la percepción de un
ineficaz control social.
La separación de poderes es un
principio básico de la democracia que establece funciones específicas para el
Congreso y el Gobierno. El Congreso, como órgano legislativo, tiene la
responsabilidad de crear y aprobar leyes que regulen la vida social y política
del país. Sin embargo, García Belaunde enfatiza que el Congreso debe ayudar al
Gobierno, lo que implica que ambas entidades deben trabajar en sinergia para
abordar los problemas que enfrenta el país, especialmente aquellos relacionados
con la política criminológica y la seguridad ciudadana.
En un contexto donde el Congreso
se enfrenta a niveles de aprobación muy bajos (4% o 5%), la capacidad para
generar proyectos de ley significativos y eficaces se ve gravemente afectada.
La falta de propuestas coherentes y bien estructuradas puede resultar en un
marco normativo débil e ineficaz, lo que a su vez alimenta el caos y la
desconfianza en el Estado. Esto tiene un impacto directo en la percepción de la
autoridad, creando un ciclo de deslegitimación donde los ciudadanos comienzan a
ver las leyes como arbitrarias y, por lo tanto, las ignoran. Este fenómeno
puede ser interpretado desde la perspectiva del derecho penal del enemigo,
donde la ley se percibe más como un mecanismo de represión que de justicia.
García Belaunde también resalta
la ausencia de policías en las calles, una situación que es particularmente
crítica en el contexto del tráfico y otros delitos menores. La paradoja es
evidente: mientras que la policía puede actuar rápidamente para multar a un
conductor por exceso de velocidad, su presencia es escasa cuando se trata de
abordar problemas más profundos de criminalidad y violencia. Esta falta de
respuesta efectiva por parte de las fuerzas del orden contribuye a la
percepción de impunidad, lo que puede llevar a un aumento de comportamientos delictivos.
Además, esta situación resalta la necesidad de una investigación científica que
permita identificar los factores causales de la criminalidad y adoptar medidas
más efectivas.
Desde una perspectiva
criminológica, esta falta de presencia policial y la ineficacia en la
aplicación de la ley generan un ambiente donde el crimen puede prosperar. La
ausencia de un sistema de justicia que funcione adecuadamente crea un vacío que
puede ser llenado por comportamientos delictivos, ya que los individuos sienten
que pueden actuar sin repercusiones. Este fenómeno se ve exacerbado por la
frustración de los ciudadanos con un sistema que no responde a sus necesidades,
lo cual puede ser interpretado como un reflejo de políticas abolicionistas que
han debilitado el control social y la capacidad punitiva del Estado.
El concepto de "normas y
leyes irracionales" planteado por García Belaunde se refiere a la
desconexión entre la legislación y la realidad cotidiana de los ciudadanos.
Cuando las leyes no reflejan las necesidades o las realidades de la sociedad,
se produce un distanciamiento entre el Estado y la población. Esta desconexión
puede llevar a la desconfianza en las instituciones y a la percepción de que el
Estado no protege ni sirve a sus ciudadanos, lo que afecta directamente la
seguridad ciudadana. La migración y otros fenómenos sociales complejos pueden
agravar esta percepción, al ser vistos como factores causales que el Estado no
ha sabido manejar adecuadamente.
En este contexto de
irracionalidad, es comprensible que algunos individuos busquen formas de resistencia,
que en ocasiones pueden manifestarse a través de la violencia o el
desconocimiento de la autoridad. Cuando los ciudadanos sienten que el sistema
es injusto o ineficaz, pueden adoptar comportamientos que desafían las normas
establecidas. Esto no solo agrava el caos social, sino que también alimenta un
ciclo de criminalidad que es difícil de romper. La falta de políticas
criminológicas adecuadas y el debilitamiento del derecho penal del enemigo
contribuyen a esta situación.
La lucha de los ciudadanos contra
las autoridades, en respuesta a la percepción de un Estado fallido, refleja una
crisis de legitimidad. Cuando las instituciones no cumplen con su deber, los
ciudadanos pueden optar por actuar fuera del marco legal para generar cambios.
Esta resistencia, aunque comprensible desde una perspectiva emocional, puede
conducir a una mayor violencia y al deterioro de la cohesión social, lo cual es
un aspecto que los estudios criminológicos han señalado como un factor clave en
el aumento de la criminalidad. Los
estudios criminológicos sugieren que la desconfianza en las autoridades y la
falta de un sistema judicial justo pueden llevar a un aumento en la
delincuencia. La violencia se convierte en un medio para reivindicar derechos o
para expresar el descontento con un sistema que se percibe como opresor. Esto
crea un círculo vicioso en el que la violencia se convierte en una respuesta
habitual a la injusticia, lo que, a su vez, perpetúa el caos.
La perspectiva criminológica sobre la situación política en
Perú, a partir de las reflexiones de Víctor Andrés García Belaunde, revela la
complejidad de la interacción entre el Estado, el Congreso y la ciudadanía. La
falta de colaboración entre el Congreso y el Gobierno, la ineficacia de las
fuerzas del orden, y la percepción de normas irracionales alimentan un ciclo de
desconfianza y criminalidad. Para avanzar hacia una sociedad más justa y
segura, es fundamental que las instituciones recuperen la confianza de los
ciudadanos a través de leyes coherentes y una efectiva aplicación de la
justicia. Solo así se podrá romper el ciclo de caos y violencia que hoy
enfrenta el país, creando un entorno donde la legalidad y el respeto por la
autoridad sean la norma y no la excepción.
La ley del crimen
¿Qué es la Ley del Crimen Organizado?
En términos simples, esta ley es un conjunto de normas
diseñadas para combatir y castigar a las organizaciones criminales. Estas
organizaciones no son solo grupos de personas que cometen delitos, sino
estructuras más complejas que se dedican a actividades ilícitas de manera
coordinada y a largo plazo.
Esta busca
●
Desmantelar organizaciones criminales: La ley
busca identificar, investigar y desarticular a estas organizaciones, desde sus
líderes hasta sus miembros más bajos.
●
Castigar los delitos: Se establecen penas más
severas para los delitos cometidos por organizaciones criminales, ya que se
considera que son más graves y dañinos para la sociedad.
●
Prevenir nuevos delitos: Al desmantelar estas
organizaciones y castigar a sus miembros, se busca reducir la incidencia de
delitos como el tráfico de drogas, la extorsión, la trata de personas, entre
otros.
¿Cómo lo hace?
●
Definición de organización criminal: La ley
establece claramente qué se considera una organización criminal, lo que
facilita su identificación.
●
Delitos incluidos: Se enumeran los delitos que,
cuando son cometidos por una organización criminal, se castigan con mayor
severidad.
●
Herramientas de investigación: Se otorgan a las
autoridades herramientas especiales para investigar y obtener pruebas contra
las organizaciones criminales, como escuchas telefónicas y seguimientos.
●
Cooperación internacional: Se promueve la
cooperación entre diferentes países para combatir el crimen organizado a nivel
global.
¿Qué implica para la sociedad?
●
Mayor seguridad: Al combatir el crimen
organizado, se espera reducir los niveles de violencia y delincuencia en
general.
●
Protección de los derechos humanos: La ley busca
proteger a las víctimas de los delitos cometidos por organizaciones criminales.
●
Fortalecimiento del Estado de derecho: Al
aplicar la ley de manera efectiva, se refuerza la confianza de los ciudadanos
en las instituciones.
Limitaciones y desafíos:
●
Complejidad de las organizaciones criminales:
Estas organizaciones son muy adaptables y pueden cambiar rápidamente sus
estructuras y modus operandi.
●
Corrupción: La infiltración de las
organizaciones criminales en instituciones estatales puede dificultar la
aplicación de la ley.
●
Falta de recursos: Las autoridades a menudo
carecen de los recursos necesarios para investigar y combatir el crimen
organizado de manera efectiva.
¿Por qué es necesaria esta ley?
●
Más que simples delitos: Las organizaciones
criminales no solo cometen robos o asaltos, sino que se dedican a actividades
más graves y complejas, como el tráfico de drogas, la trata de personas, la
extorsión y la corrupción.
●
Estructura y poder: Estas organizaciones tienen
una estructura bien definida, con líderes, miembros y roles específicos. Esto
les permite operar de manera más efectiva y controlar territorios enteros.
●
Impacto en la sociedad: El crimen organizado
genera inestabilidad, violencia y miedo en las comunidades, además de causar
pérdidas económicas significativas.
La Ley del Crimen Organizado es una herramienta necesaria
para combatir este grave problema, pero su aplicación debe ser cuidadosa y
respetuosa de los derechos fundamentales. Es crucial fortalecer las
instituciones, combatir la corrupción y evitar que esta ley se utilice para
criminalizar la protesta social.Sin embargo, su éxito depende de una aplicación
efectiva y de la colaboración de diferentes actores sociales.
La respuesta del Ejecutivo
El ex parlamentario Víctor Andrés García Belaunde presenta
una crítica contundente a la respuesta del Ejecutivo frente al paro de
transportistas en Perú. Según su análisis, el gobierno ha optado por una
estrategia que, en lugar de abordar las causas raíz del problema, busca
deslegitimar las protestas y reprimir a los manifestantes.
Los principales puntos de crítica de García
Belaunde son los siguientes:
●
Calificación del paro como "terrorismo
urbano": El exparlamentario considera que esta etiqueta es una exageración
y una distorsión de la realidad. Al calificar el paro de esta manera, el
gobierno busca criminalizar a los manifestantes y justificar una respuesta más
dura.
●
Falta de medidas concretas: García Belaunde
argumenta que el gobierno no ha presentado propuestas concretas para solucionar
los problemas que aquejan a los transportistas, como la inseguridad, la
extorsión y las malas condiciones laborales.
●
Represión en lugar de diálogo: En lugar de
entablar un diálogo con los representantes de los transportistas, el gobierno
ha optado por una estrategia de confrontación y represión.
●
Necesidad de una ley que permita la
sindicalización: García Belaunde propone que se apruebe una ley que permita a
los transportistas organizarse en sindicatos, lo que les daría mayor poder de
negociación y les permitiría defender sus derechos de manera más efectiva.
●
Mejora de las condiciones laborales de los
policías: El ex parlamentario sostiene que es necesario aumentar los salarios
de los policías y mejorar sus condiciones de trabajo para combatir la
corrupción y la impunidad.
La respuesta del Ejecutivo al paro de transportistas, según
la crítica de García Belaunde, puede ser analizada desde una perspectiva
criminológica con mayor profundidad, considerando los siguientes aspectos:
Criminalización de la Protesta Social:
●
Etiquetas y estigmatización: Al calificar el
paro como "terrorismo urbano", el gobierno está estigmatizando a los
manifestantes y presentándolos como una amenaza a la seguridad nacional. Esta
estrategia busca deslegitimar la protesta y justificar una respuesta más dura.
●
Efectos psicológicos: La criminalización puede
generar sentimientos de resentimiento y alienación en los manifestantes, lo que
puede radicalizar a algunos y aumentar la probabilidad de que se produzcan
actos violentos.
Falta de Abordaje Integral de las Causas
Subyacentes:
●
Inseguridad y extorsión: El paro de
transportistas se originó en respuesta a una ola de inseguridad y extorsión. Al
no abordar estas problemáticas de manera integral, el gobierno está dejando de
lado las causas raíz del conflicto.
●
Desigualdad social: La desigualdad social y la
falta de oportunidades son factores que pueden contribuir a la radicalización y
la protesta social. Al no abordar estas cuestiones, el gobierno está
perpetuando las condiciones que generan conflictos.
Priorización de la Seguridad Pública sobre
los Derechos Humanos:
●
Restricciones a la libertad de expresión y
reunión: La criminalización de la protesta y la represión policial pueden
limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
●
Desequilibrio entre seguridad y justicia: Al
priorizar la seguridad pública, el gobierno puede descuidar la necesidad de
garantizar un proceso justo para los detenidos y acusados.
Ciclo de violencia:
●
Escalada del conflicto: La respuesta represiva
del gobierno puede generar un ciclo de violencia en el que los manifestantes
responden con mayor intensidad, lo que a su vez puede justificar una respuesta
aún más dura por parte del Estado.
●
Dificultad para encontrar soluciones a largo
plazo: Este ciclo de violencia dificulta la búsqueda de soluciones a largo
plazo y puede generar un clima de inseguridad y desconfianza.
Implicaciones para la gobernabilidad:
●
Legitimidad del gobierno: La forma en que el
gobierno maneja las protestas sociales puede afectar su legitimidad y su
capacidad para gobernar.
●
Polarización social: La criminalización de la
protesta y la represión policial pueden contribuir a la polarización social y
dificultar el diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales.
Desde una perspectiva criminológica, es fundamental
analizar no solo las acciones de los manifestantes, sino también las respuestas
del Estado. En este caso, la respuesta del gobierno parece estar orientada a
mantener el orden a corto plazo mediante un control social, sin abordar las
causas profundas del conflicto. Esta estrategia puede tener consecuencias
negativas a largo plazo, tanto para la seguridad pública como para la
estabilidad política del país.
Para abordar de manera efectiva los problemas de
inseguridad y violencia en Perú, es necesario adoptar un enfoque integral que
combine:
●
Medidas de seguridad: Fortalecimiento de las
fuerzas del orden, mejora de la inteligencia policial y combate a la
corrupción.
●
Justicia: Garantizar un acceso a la justicia
rápido y efectivo para las víctimas de delitos.
●
Desarrollo social: Inversión en educación, salud
y empleo para reducir las desigualdades y mejorar las oportunidades para todos.
●
Diálogo y negociación: Fomento del diálogo entre
el gobierno y los diferentes actores sociales para encontrar soluciones
consensuadas.
En sí la respuesta
del Ejecutivo al paro de transportistas, según el análisis de García Belaunde,
revela una tendencia a criminalizar la protesta y a priorizar la seguridad
pública sobre los derechos humanos. Esta estrategia, a largo plazo, puede
generar más violencia y conflictos sociales. Es necesario adoptar un enfoque
más integral y participativo para abordar las causas profundas de la
inseguridad y la desigualdad en Perú.
La Prensa
En la actualidad, el ejercicio de las comunicaciones entre
su mandatario y el pueblo es fundamental para la estabilidad y salud
democrática. La capacidad que tenga un gobierno para interactuar con su pueblo
de manera abierta y constante no solo permite que se establezca una confianza
recíproca sino que también facilita la percepción de legitimidad, seguridad
ciudadana y transparencia. En la entrevista realizada al político y ex
congresista Víctor Andrés García Belaunde, se resalta la constante crítica
hacia la falta de comunicación por parte del gobierno de Dina Boluarte,
indicando cómo esta falta de socialización genera un impacto negativo entre el
Estado y la ciudadanía. Al examinar las críticas de García Belaunde, se puede
analizar la importancia de una comunicación abierta y frecuente por parte del
gobierno, especialmente en tiempos de incertidumbre política y social.
Según García Belaunde, el gobierno de Boluarte ha mostrado
una tendencia hacia la opacidad, caracterizada por una falta de interacción
regular con la prensa y, por ende, con la sociedad peruana. En su opinión, la
presidenta Boluarte ha fallado en utilizar la prensa como un medio para
reflejar la realidad del país, sea esta positiva o negativa. Este enfoque,
según él, es contrario al papel de la prensa como un espejo de la situación
nacional, que no solo sirve para informar, sino también para ser un canal de
retroalimentación entre el pueblo y sus líderes. Para García Belaunde, el
gobierno está perdiendo una oportunidad clave para reforzar la confianza
pública al no enfrentar abiertamente las críticas ni comunicar sus logros de
manera efectiva, lo cual afecta la percepción de la política criminológica del
Estado y su manejo de la criminalidad. Además, García Belaunde establece una
comparación con otros líderes regionales, como el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, quien ha instituido conferencias de prensa diarias para
mantener un canal abierto de comunicación con la ciudadanía. Este ejemplo resalta
la importancia de la constancia y la transparencia en la comunicación
gubernamental, especialmente en una democracia donde el diálogo con el pueblo
es esencial para la legitimidad. En contraste, la falta de comparecencias
frecuentes de Boluarte refuerza la percepción de un gobierno alejado de las
preocupaciones diarias de la gente, lo que podría estar exacerbando la
desconfianza y el descontento social. En un país donde la estabilidad política
ha sido históricamente volátil y con desafíos en el control social y la
criminalidad, la comunicación abierta se convierte en una herramienta
indispensable para mitigar las tensiones.
El vocero presidencial Fredy Nojosa también es objeto de
las críticas de García Belaunde, quien lo describe como casi
"silente" y limitado a abordar solo algunos temas. Esto evidencia,
según el excongresista, una falta de estrategia comunicativa integral por parte
del gobierno. Un vocero no solo debería ser la voz del presidente, sino un
puente entre el gobierno y la sociedad, proporcionando información precisa y
respondiendo a las preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en temas de
política criminológica y migración. La comunicación gubernamental no debería
reducirse a esporádicos pronunciamientos, sino a un diálogo constante y fluido
que contribuya a desmitificar las percepciones de opacidad.
García Belaunde también destaca el papel histórico que han
tenido otros presidentes peruanos en mantener un diálogo abierto con el pueblo.
Al recordar a líderes como Fernando Belaúnde Terry, señala cómo estos políticos
comprendían la importancia de la cercanía con la ciudadanía, lo cual facilitaba
una sensación de transparencia y un liderazgo accesible. En contraste, menciona
que aquellos con tendencias autoritarias, como Fidel Castro, se comunicaban de
manera esporádica y controlada, limitando el acceso a la información. En una
democracia, adoptar esta práctica de poca comunicación puede ser interpretado
como una forma de evitar la crítica y no rendir cuentas, lo que debilita la
legitimidad de la administración. La falta de comunicación constante puede
también reflejar una deficiente gestión de la criminalidad y una política
criminológica poco clara.
El excongresista enfatiza que un presidente democrático no
solo debe gobernar, sino también transmitir entusiasmo, credibilidad, confianza
y esperanza. La comunicación no es simplemente un proceso de informar, sino una
forma de inspirar y motivar al pueblo. Si un gobierno no logra transmitir estos
valores a través de sus actos y palabras, se arriesga a perder el apoyo
popular. En el caso de Boluarte, su falta de comunicación frecuente podría
estar erosionando la confianza del público en la administración y en su
capacidad de liderazgo. En momentos de crisis y aumento de la criminalidad, es
crucial que la población sienta que sus líderes están presentes y atentos a sus
necesidades, proporcionando no solo respuestas, sino también un sentido de
dirección.
García Belaunde aboga por una comunicación más abierta y
frecuente, no como un acto simbólico, sino como una necesidad para fortalecer
la democracia peruana. En un contexto donde las instituciones políticas
enfrentan cuestionamientos y donde la credibilidad de las autoridades se
encuentra en constante escrutinio, el gobierno debe esforzarse por reducir la
distancia percibida entre el Estado y la ciudadanía. La transparencia no es
solo un ideal, sino un requisito en la práctica democrática, garantizando la
seguridad ciudadana y el derecho penal del enemigo para enfrentar los factores
causales de la criminalidad. Cada comparecencia, cada respuesta a la prensa y
cada mensaje dirigido a la población son oportunidades para construir confianza
y reforzar el compromiso del gobierno con sus ciudadanos.
En sí, la crítica de García Belaunde sobre la comunicación
del gobierno de Boluarte pone de relieve una cuestión central en la
gobernabilidad democrática: la necesidad de un diálogo abierto, constante y
transparente con el pueblo. La falta de comunicación no solo afecta la
percepción pública, sino que también puede debilitar la legitimidad de un
gobierno. Para que la democracia florezca, no basta con la celebración de
elecciones; es indispensable que los líderes estén en contacto continuo con la
ciudadanía, mostrando disposición a responder a sus inquietudes y a rendir
cuentas. Boluarte y su administración tienen la oportunidad de aprender de
estas críticas y de fortalecer sus canales de comunicación, haciendo de la
transparencia y de la investigación científica en temas de criminalidad una
piedra angular de su gestión, superando tendencias abolicionistas que puedan
debilitar el control social.
Aprobación de la presidenta
Víctor García Belaunde señaló que
la presidenta Dina Boluarte tiene un nivel de aprobación menor incluso que el
de Nicolás Maduro en Venezuela, con menos del 5%. Comentó que, si bien el
Congreso en la mayoría de los países tiene un bajo nivel de aprobación, en Perú
esta situación es mucho más pronunciada, lo cual refleja una mayor desconfianza
en las instituciones políticas. Sin embargo, la justicia, la policía y la
iglesia conservan un alto porcentaje de aceptación, lo que indica una
diferencia en la percepción pública hacia estas instituciones en comparación
con las del ámbito político. El excongresista sugirió que es preferible crear
un partido político nuevo en lugar de unirse a uno ya existente, ya que los
partidos actuales están regidos por numerosas normas y regulaciones que
complican la gobernanza. Además, el sistema judicial puede tardar entre seis y
siete años en reconocer una nueva regla, lo que dificulta la agilidad en la
gestión política. García Belaunde argumentó que es más manejable dirigir un
partido con un núcleo reducido de 15 a 20 personas en lugar de 2,000 o 3,000,
ya que con menos integrantes, las reglas y normas son más fáciles de
implementar y dar a conocer.
En una declaración contundente,
citó a Hitler al afirmar que "Alemania no podía ser dirigida por 30
partidos políticos", haciendo una analogía con la situación en Perú, donde
existen actualmente 38 partidos y se proyecta llegar a los 50. Según García
Belaunde, esto complica aún más la gobernabilidad del país, especialmente en un
contexto de inestabilidad política crónica. La fragmentación política, junto
con la falta de cohesión, representa un reto significativo para cualquier
esfuerzo en implementar políticas criminológicas efectivas o establecer un
control social robusto. Sobre Boluarte, García Belaunde comentó que llegó a la
presidencia más por suerte y circunstancias que por un proyecto político
sólido. Aunque ella afirmó que asumiría el cargo hasta el 28 de julio de 2026,
el excongresista advirtió que la presidenta debe aceptar las consecuencias de
su gestión, ya que, a la velocidad con la que baja su porcentaje de aprobación,
podría alcanzar menos del 1% al momento de las elecciones. Esto tiene
implicaciones graves para la seguridad ciudadana y la percepción de eficacia en
el manejo de la criminalidad, ya que la falta de respaldo popular podría
limitar la implementación de políticas eficaces en estas áreas.
En el contexto de la política
criminológica y el derecho penal del enemigo, García Belaunde destacó la
importancia de tener una estructura partidaria que pueda responder rápidamente
a los problemas sociales y de criminalidad. En un país donde los factores causales
del crimen incluyen la migración y la pobreza, un sistema político más
cohesionado y con menos barreras internas sería más efectivo para proponer
soluciones basadas en investigación científica y estrategias de control social.
Sin embargo, la proliferación de partidos y la fragmentación política complican
este enfoque, debilitando la capacidad del Estado para implementar políticas
consistentes y coherentes. García Belaunde, al enfatizar la necesidad de
reorganizar el sistema partidario, sugiere que Perú necesita un modelo político
más compacto y ágil para enfrentar sus retos, especialmente aquellos
relacionados con la criminalidad y el control social.