UNIVERSIDAD PRIVADA DE
TACNA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POL脥TICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
T脥TULO
Entrevista
de Victor Andre Garcia Belaunde
CURSO
Criminolog铆a
CICLO Y SECCI脫N
IV “B”
DOCENTE
DR. Carlos Alberto
Pajuelo Beltran
INTEGRANTES
Marcelo Fidel Escobedo
Bernaola
Janyr猫 Luc铆a Juarez Carpio
Fabiola Antonella
Cabrera Gambetta
Vanesa Fernanda Castillo
Cabrera
Farid Rodolfo Rodr铆guez Congachi Marcelo
Jhon Jilaja Chucuya
Tacna, Per煤
2024
Entrevista de Victor
Andre Garcia Belaunde
Ley de Terrorismo Urbano
La presidenta Dina Boluarte present贸 al Congreso de la
Rep煤blica del Per煤 un proyecto de ley con el objetivo de reformar el C贸digo
Penal, buscando abordar la problem谩tica criminol贸gica relacionada con la
inseguridad que presenta la ciudadan铆a en cuanto a la seguridad ciudadana. La
propuesta incluye el aumento de las penas para delitos graves como el sicariato
y la extorsi贸n, y adem谩s plantea la creaci贸n de un nuevo delito denominado
"terrorismo urbano". A continuaci贸n, se describen los puntos principales
del documento.
a.
Reforma
del C贸digo Penal. Se plantea modificar los art铆culos 108-C y 108-D, que
tratan sobre el sicariato, as铆 como el art铆culo 200 relacionado con la
extorsi贸n.
b.
Introducci贸n
del Delito de Terrorismo Urbano. Se incorpora un nuevo art铆culo, el 315-C,
que define el terrorismo urbano como actos que generan temor en la poblaci贸n a
trav茅s de delitos como el sicariato y la extorsi贸n, entre otros.
c.
Aumento
de las Penas. Los delitos mencionados en la propuesta conllevan un
endurecimiento de las penas, pudiendo llegar a la cadena perpetua en casos
agravados.
d.
Contexto
y Causas de los Delitos. La propuesta responde al incremento de la
criminalidad en Per煤, destacando el aumento de casos de sicariato y extorsi贸n
que afectan la seguridad p煤blica.
e.
Estado de
Emergencia y Rol de las Fuerzas Armadas. Se establecen procedimientos
espec铆ficos bajo el r茅gimen de estado de emergencia, asegurando que las
acciones de las fuerzas de seguridad se realicen conforme a las leyes de
justicia militar.
¿Qu茅 es Terrorismo Urbano seg煤n el Proyecto
de Ley presentado por el Ejecutivo?
En consecuencia, se incorpora el
art铆culo 315-C al C贸digo Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, que
define como "Terrorismo Urbano" a quien lleve a cabo actos que causen
terror o intranquilidad en la poblaci贸n o en una parte de ella, mediante la
comisi贸n de los delitos contemplados en los art铆culos 108-C, 108-D, 152 y 200
del C贸digo Penal. Este delito ser谩 sancionado con una pena privativa de
libertad no menor de treinta (30) a帽os.
Inclusive dentro de la ley 315-C se plantea tambi茅n las
circunstancias en que se efectuar谩 la cadena perpetua:
1.
Pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Polic铆a
Nacional del Per煤.
2.
Utiliza armamento, material de guerra y/o
artefactos explosivos o cualquier otro medio similar.
3.
Usa o emplea armas, municiones o explosivos que
pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Polic铆a Nacional del Per煤.
4.
Emplea a menores de edad u otros que se
encuentren en situaci贸n de inimputabilidad.
No obstante, el t茅rmino "terrorismo urbano" no
refleja con exactitud la naturaleza de los delitos que se enfrentan
actualmente, ya que agrupa delitos preexistentes bajo una nueva etiqueta, lo
que podr铆a generar confusi贸n. Adem谩s, el Ministerio P煤blico ha advertido que
esta norma infringe los principios de legalidad y proporcionalidad, y considera
que "no es factible, ya que no constituir铆a la mejor soluci贸n para
combatir la inseguridad ciudadana". La instituci贸n subray贸 que este
problema requiere "un enfoque multidimensional que involucre a la
sociedad, el gobierno, las instituciones y expertos de diferentes 谩reas para
lograr soluciones eficaces y equitativas".
Modificaci贸n de Terrorismo Urbano a
Criminalidad Sistem谩tica
Para la introducci贸n de este nuevo concepto, se incorpora
el Cap铆tulo III sobre Criminalidad Sistem谩tica en el T铆tulo XIV del Libro
Segundo del C贸digo Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635,
estableciendo los art铆culos 318-B y 318-C con el siguiente contenido:
Art铆culo 318-B. Criminalidad Sistem谩tica:
318-B.1. El que, de forma sistem谩tica y generalizada, provoca, crea
o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la poblaci贸n o en un sector
de ella, mediante la comisi贸n de no menos de tres actos-t铆picos de grave
intensidad, sean los mismos o distintos, sin necesidad de que sea uno solo el
autor que act煤a en todos los casos, con la finalidad de obtener ventaja o
beneficio econ贸mico, prevalencia o hegemon铆a en la actividad criminal, ser谩
reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta y cinco a帽os.
(...)
Art铆culo 318-C. Criminalidad Sistem谩tica Agravada
La pena ser谩 de cadena perpetua si concurre cualquiera de
los siguientes agravantes: a) Si el agente emplea armamentos, materiales de
guerra, artefactos explosivos o cualquier otro medio similar. b) Si el agente
posee, usa o emplea armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las
Fuerzas Armadas o a la Polic铆a Nacional del Per煤. (...)
¿Qu茅 es Criminalidad Sistem谩tica?
La iniciativa establece que se considerar谩 criminalidad
organizada cuando sea sistem谩tica y generalizada. "Por lo tanto, si se
presenta un acto sistem谩tico, pero no generalizado, no se clasifica como
criminalidad organizada, y viceversa; esto resulta bastante confuso. Se
considera que hay generalizaci贸n cuando hay al menos tres v铆ctimas, lo que
significa que si hay solo dos, no se aplica esta categor铆a. Adem谩s, se帽ala que
se tomar谩 en cuenta la actuaci贸n con gran crueldad, pero ¿c贸mo se define
exactamente 'gran crueldad?".
¿Qu茅 es el Delito de Criminalidad
Sistem谩tica seg煤n el 煤ltimo dictamen aprobado por el Congreso?
Este dictamen se sustenta en los proyectos de ley 5525,
5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029,
8043, 8051 y 8061. Con esta propuesta se incorpora el art铆culo 318-B, en el
C贸digo Penal, Decreto Legislativo 635, con el siguiente texto:
“Art铆culo 318-B.
El que, mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil,
artefactos explosivos u otros de similares caracter铆sticas, provoque o realice
conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsi贸n, sicariato,
homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la poblaci贸n
o una parte de ella; ser谩 reprimido con cadena perpetua”.
De acuerdo con el dictamen, se
define como delito de criminalidad sistem谩tica aquel acto de extorsi贸n que se
lleva a cabo en m煤ltiples ocasiones utilizando artefactos explosivos, con el
prop贸sito de generar alarma en la poblaci贸n. En este contexto, la sanci贸n aplicar es la cadena perpetua.
El congreso no es el gobierno
La actual situaci贸n pol铆tica en
Per煤 ha sido objeto de debate y an谩lisis, particularmente a trav茅s de las
palabras de figuras como V铆ctor Andr茅s Garc铆a Belaunde. Su afirmaci贸n de que
"el Congreso no es el Gobierno" pone de manifiesto una distinci贸n fundamental
en la estructura del Estado peruano, una distinci贸n que tiene profundas
implicaciones en la criminolog铆a y en la manera en que los ciudadanos perciben
la autoridad, la criminalidad y la ley. El ex congresista explora la relevancia
de esta separaci贸n de poderes, el papel de la polic铆a, y el impacto de las
normas y leyes en el comportamiento delictivo, todo ello dentro de un contexto
de creciente desconfianza hacia las instituciones y la percepci贸n de un
ineficaz control social.
La separaci贸n de poderes es un
principio b谩sico de la democracia que establece funciones espec铆ficas para el
Congreso y el Gobierno. El Congreso, como 贸rgano legislativo, tiene la
responsabilidad de crear y aprobar leyes que regulen la vida social y pol铆tica
del pa铆s. Sin embargo, Garc铆a Belaunde enfatiza que el Congreso debe ayudar al
Gobierno, lo que implica que ambas entidades deben trabajar en sinergia para
abordar los problemas que enfrenta el pa铆s, especialmente aquellos relacionados
con la pol铆tica criminol贸gica y la seguridad ciudadana.
En un contexto donde el Congreso
se enfrenta a niveles de aprobaci贸n muy bajos (4% o 5%), la capacidad para
generar proyectos de ley significativos y eficaces se ve gravemente afectada.
La falta de propuestas coherentes y bien estructuradas puede resultar en un
marco normativo d茅bil e ineficaz, lo que a su vez alimenta el caos y la
desconfianza en el Estado. Esto tiene un impacto directo en la percepci贸n de la
autoridad, creando un ciclo de deslegitimaci贸n donde los ciudadanos comienzan a
ver las leyes como arbitrarias y, por lo tanto, las ignoran. Este fen贸meno
puede ser interpretado desde la perspectiva del derecho penal del enemigo,
donde la ley se percibe m谩s como un mecanismo de represi贸n que de justicia.
Garc铆a Belaunde tambi茅n resalta
la ausencia de polic铆as en las calles, una situaci贸n que es particularmente
cr铆tica en el contexto del tr谩fico y otros delitos menores. La paradoja es
evidente: mientras que la polic铆a puede actuar r谩pidamente para multar a un
conductor por exceso de velocidad, su presencia es escasa cuando se trata de
abordar problemas m谩s profundos de criminalidad y violencia. Esta falta de
respuesta efectiva por parte de las fuerzas del orden contribuye a la
percepci贸n de impunidad, lo que puede llevar a un aumento de comportamientos delictivos.
Adem谩s, esta situaci贸n resalta la necesidad de una investigaci贸n cient铆fica que
permita identificar los factores causales de la criminalidad y adoptar medidas
m谩s efectivas.
Desde una perspectiva
criminol贸gica, esta falta de presencia policial y la ineficacia en la
aplicaci贸n de la ley generan un ambiente donde el crimen puede prosperar. La
ausencia de un sistema de justicia que funcione adecuadamente crea un vac铆o que
puede ser llenado por comportamientos delictivos, ya que los individuos sienten
que pueden actuar sin repercusiones. Este fen贸meno se ve exacerbado por la
frustraci贸n de los ciudadanos con un sistema que no responde a sus necesidades,
lo cual puede ser interpretado como un reflejo de pol铆ticas abolicionistas que
han debilitado el control social y la capacidad punitiva del Estado.
El concepto de "normas y
leyes irracionales" planteado por Garc铆a Belaunde se refiere a la
desconexi贸n entre la legislaci贸n y la realidad cotidiana de los ciudadanos.
Cuando las leyes no reflejan las necesidades o las realidades de la sociedad,
se produce un distanciamiento entre el Estado y la poblaci贸n. Esta desconexi贸n
puede llevar a la desconfianza en las instituciones y a la percepci贸n de que el
Estado no protege ni sirve a sus ciudadanos, lo que afecta directamente la
seguridad ciudadana. La migraci贸n y otros fen贸menos sociales complejos pueden
agravar esta percepci贸n, al ser vistos como factores causales que el Estado no
ha sabido manejar adecuadamente.
En este contexto de
irracionalidad, es comprensible que algunos individuos busquen formas de resistencia,
que en ocasiones pueden manifestarse a trav茅s de la violencia o el
desconocimiento de la autoridad. Cuando los ciudadanos sienten que el sistema
es injusto o ineficaz, pueden adoptar comportamientos que desaf铆an las normas
establecidas. Esto no solo agrava el caos social, sino que tambi茅n alimenta un
ciclo de criminalidad que es dif铆cil de romper. La falta de pol铆ticas
criminol贸gicas adecuadas y el debilitamiento del derecho penal del enemigo
contribuyen a esta situaci贸n.
La lucha de los ciudadanos contra
las autoridades, en respuesta a la percepci贸n de un Estado fallido, refleja una
crisis de legitimidad. Cuando las instituciones no cumplen con su deber, los
ciudadanos pueden optar por actuar fuera del marco legal para generar cambios.
Esta resistencia, aunque comprensible desde una perspectiva emocional, puede
conducir a una mayor violencia y al deterioro de la cohesi贸n social, lo cual es
un aspecto que los estudios criminol贸gicos han se帽alado como un factor clave en
el aumento de la criminalidad. Los
estudios criminol贸gicos sugieren que la desconfianza en las autoridades y la
falta de un sistema judicial justo pueden llevar a un aumento en la
delincuencia. La violencia se convierte en un medio para reivindicar derechos o
para expresar el descontento con un sistema que se percibe como opresor. Esto
crea un c铆rculo vicioso en el que la violencia se convierte en una respuesta
habitual a la injusticia, lo que, a su vez, perpet煤a el caos.
La perspectiva criminol贸gica sobre la situaci贸n pol铆tica en
Per煤, a partir de las reflexiones de V铆ctor Andr茅s Garc铆a Belaunde, revela la
complejidad de la interacci贸n entre el Estado, el Congreso y la ciudadan铆a. La
falta de colaboraci贸n entre el Congreso y el Gobierno, la ineficacia de las
fuerzas del orden, y la percepci贸n de normas irracionales alimentan un ciclo de
desconfianza y criminalidad. Para avanzar hacia una sociedad m谩s justa y
segura, es fundamental que las instituciones recuperen la confianza de los
ciudadanos a trav茅s de leyes coherentes y una efectiva aplicaci贸n de la
justicia. Solo as铆 se podr谩 romper el ciclo de caos y violencia que hoy
enfrenta el pa铆s, creando un entorno donde la legalidad y el respeto por la
autoridad sean la norma y no la excepci贸n.
La ley del crimen
¿Qu茅 es la Ley del Crimen Organizado?
En t茅rminos simples, esta ley es un conjunto de normas
dise帽adas para combatir y castigar a las organizaciones criminales. Estas
organizaciones no son solo grupos de personas que cometen delitos, sino
estructuras m谩s complejas que se dedican a actividades il铆citas de manera
coordinada y a largo plazo.
Esta busca
●
Desmantelar organizaciones criminales: La ley
busca identificar, investigar y desarticular a estas organizaciones, desde sus
l铆deres hasta sus miembros m谩s bajos.
●
Castigar los delitos: Se establecen penas m谩s
severas para los delitos cometidos por organizaciones criminales, ya que se
considera que son m谩s graves y da帽inos para la sociedad.
●
Prevenir nuevos delitos: Al desmantelar estas
organizaciones y castigar a sus miembros, se busca reducir la incidencia de
delitos como el tr谩fico de drogas, la extorsi贸n, la trata de personas, entre
otros.
¿C贸mo lo hace?
●
Definici贸n de organizaci贸n criminal: La ley
establece claramente qu茅 se considera una organizaci贸n criminal, lo que
facilita su identificaci贸n.
●
Delitos incluidos: Se enumeran los delitos que,
cuando son cometidos por una organizaci贸n criminal, se castigan con mayor
severidad.
●
Herramientas de investigaci贸n: Se otorgan a las
autoridades herramientas especiales para investigar y obtener pruebas contra
las organizaciones criminales, como escuchas telef贸nicas y seguimientos.
●
Cooperaci贸n internacional: Se promueve la
cooperaci贸n entre diferentes pa铆ses para combatir el crimen organizado a nivel
global.
¿Qu茅 implica para la sociedad?
●
Mayor seguridad: Al combatir el crimen
organizado, se espera reducir los niveles de violencia y delincuencia en
general.
●
Protecci贸n de los derechos humanos: La ley busca
proteger a las v铆ctimas de los delitos cometidos por organizaciones criminales.
●
Fortalecimiento del Estado de derecho: Al
aplicar la ley de manera efectiva, se refuerza la confianza de los ciudadanos
en las instituciones.
Limitaciones y desaf铆os:
●
Complejidad de las organizaciones criminales:
Estas organizaciones son muy adaptables y pueden cambiar r谩pidamente sus
estructuras y modus operandi.
●
Corrupci贸n: La infiltraci贸n de las
organizaciones criminales en instituciones estatales puede dificultar la
aplicaci贸n de la ley.
●
Falta de recursos: Las autoridades a menudo
carecen de los recursos necesarios para investigar y combatir el crimen
organizado de manera efectiva.
¿Por qu茅 es necesaria esta ley?
●
M谩s que simples delitos: Las organizaciones
criminales no solo cometen robos o asaltos, sino que se dedican a actividades
m谩s graves y complejas, como el tr谩fico de drogas, la trata de personas, la
extorsi贸n y la corrupci贸n.
●
Estructura y poder: Estas organizaciones tienen
una estructura bien definida, con l铆deres, miembros y roles espec铆ficos. Esto
les permite operar de manera m谩s efectiva y controlar territorios enteros.
●
Impacto en la sociedad: El crimen organizado
genera inestabilidad, violencia y miedo en las comunidades, adem谩s de causar
p茅rdidas econ贸micas significativas.
La Ley del Crimen Organizado es una herramienta necesaria
para combatir este grave problema, pero su aplicaci贸n debe ser cuidadosa y
respetuosa de los derechos fundamentales. Es crucial fortalecer las
instituciones, combatir la corrupci贸n y evitar que esta ley se utilice para
criminalizar la protesta social.Sin embargo, su 茅xito depende de una aplicaci贸n
efectiva y de la colaboraci贸n de diferentes actores sociales.
La respuesta del Ejecutivo
El ex parlamentario V铆ctor Andr茅s Garc铆a Belaunde presenta
una cr铆tica contundente a la respuesta del Ejecutivo frente al paro de
transportistas en Per煤. Seg煤n su an谩lisis, el gobierno ha optado por una
estrategia que, en lugar de abordar las causas ra铆z del problema, busca
deslegitimar las protestas y reprimir a los manifestantes.
Los principales puntos de cr铆tica de Garc铆a
Belaunde son los siguientes:
●
Calificaci贸n del paro como "terrorismo
urbano": El exparlamentario considera que esta etiqueta es una exageraci贸n
y una distorsi贸n de la realidad. Al calificar el paro de esta manera, el
gobierno busca criminalizar a los manifestantes y justificar una respuesta m谩s
dura.
●
Falta de medidas concretas: Garc铆a Belaunde
argumenta que el gobierno no ha presentado propuestas concretas para solucionar
los problemas que aquejan a los transportistas, como la inseguridad, la
extorsi贸n y las malas condiciones laborales.
●
Represi贸n en lugar de di谩logo: En lugar de
entablar un di谩logo con los representantes de los transportistas, el gobierno
ha optado por una estrategia de confrontaci贸n y represi贸n.
●
Necesidad de una ley que permita la
sindicalizaci贸n: Garc铆a Belaunde propone que se apruebe una ley que permita a
los transportistas organizarse en sindicatos, lo que les dar铆a mayor poder de
negociaci贸n y les permitir铆a defender sus derechos de manera m谩s efectiva.
●
Mejora de las condiciones laborales de los
polic铆as: El ex parlamentario sostiene que es necesario aumentar los salarios
de los polic铆as y mejorar sus condiciones de trabajo para combatir la
corrupci贸n y la impunidad.
La respuesta del Ejecutivo al paro de transportistas, seg煤n
la cr铆tica de Garc铆a Belaunde, puede ser analizada desde una perspectiva
criminol贸gica con mayor profundidad, considerando los siguientes aspectos:
Criminalizaci贸n de la Protesta Social:
●
Etiquetas y estigmatizaci贸n: Al calificar el
paro como "terrorismo urbano", el gobierno est谩 estigmatizando a los
manifestantes y present谩ndolos como una amenaza a la seguridad nacional. Esta
estrategia busca deslegitimar la protesta y justificar una respuesta m谩s dura.
●
Efectos psicol贸gicos: La criminalizaci贸n puede
generar sentimientos de resentimiento y alienaci贸n en los manifestantes, lo que
puede radicalizar a algunos y aumentar la probabilidad de que se produzcan
actos violentos.
Falta de Abordaje Integral de las Causas
Subyacentes:
●
Inseguridad y extorsi贸n: El paro de
transportistas se origin贸 en respuesta a una ola de inseguridad y extorsi贸n. Al
no abordar estas problem谩ticas de manera integral, el gobierno est谩 dejando de
lado las causas ra铆z del conflicto.
●
Desigualdad social: La desigualdad social y la
falta de oportunidades son factores que pueden contribuir a la radicalizaci贸n y
la protesta social. Al no abordar estas cuestiones, el gobierno est谩
perpetuando las condiciones que generan conflictos.
Priorizaci贸n de la Seguridad P煤blica sobre
los Derechos Humanos:
●
Restricciones a la libertad de expresi贸n y
reuni贸n: La criminalizaci贸n de la protesta y la represi贸n policial pueden
limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
●
Desequilibrio entre seguridad y justicia: Al
priorizar la seguridad p煤blica, el gobierno puede descuidar la necesidad de
garantizar un proceso justo para los detenidos y acusados.
Ciclo de violencia:
●
Escalada del conflicto: La respuesta represiva
del gobierno puede generar un ciclo de violencia en el que los manifestantes
responden con mayor intensidad, lo que a su vez puede justificar una respuesta
a煤n m谩s dura por parte del Estado.
●
Dificultad para encontrar soluciones a largo
plazo: Este ciclo de violencia dificulta la b煤squeda de soluciones a largo
plazo y puede generar un clima de inseguridad y desconfianza.
Implicaciones para la gobernabilidad:
●
Legitimidad del gobierno: La forma en que el
gobierno maneja las protestas sociales puede afectar su legitimidad y su
capacidad para gobernar.
●
Polarizaci贸n social: La criminalizaci贸n de la
protesta y la represi贸n policial pueden contribuir a la polarizaci贸n social y
dificultar el di谩logo entre los diferentes actores pol铆ticos y sociales.
Desde una perspectiva criminol贸gica, es fundamental
analizar no solo las acciones de los manifestantes, sino tambi茅n las respuestas
del Estado. En este caso, la respuesta del gobierno parece estar orientada a
mantener el orden a corto plazo mediante un control social, sin abordar las
causas profundas del conflicto. Esta estrategia puede tener consecuencias
negativas a largo plazo, tanto para la seguridad p煤blica como para la
estabilidad pol铆tica del pa铆s.
Para abordar de manera efectiva los problemas de
inseguridad y violencia en Per煤, es necesario adoptar un enfoque integral que
combine:
●
Medidas de seguridad: Fortalecimiento de las
fuerzas del orden, mejora de la inteligencia policial y combate a la
corrupci贸n.
●
Justicia: Garantizar un acceso a la justicia
r谩pido y efectivo para las v铆ctimas de delitos.
●
Desarrollo social: Inversi贸n en educaci贸n, salud
y empleo para reducir las desigualdades y mejorar las oportunidades para todos.
●
Di谩logo y negociaci贸n: Fomento del di谩logo entre
el gobierno y los diferentes actores sociales para encontrar soluciones
consensuadas.
En s铆 la respuesta
del Ejecutivo al paro de transportistas, seg煤n el an谩lisis de Garc铆a Belaunde,
revela una tendencia a criminalizar la protesta y a priorizar la seguridad
p煤blica sobre los derechos humanos. Esta estrategia, a largo plazo, puede
generar m谩s violencia y conflictos sociales. Es necesario adoptar un enfoque
m谩s integral y participativo para abordar las causas profundas de la
inseguridad y la desigualdad en Per煤.
La Prensa
En la actualidad, el ejercicio de las comunicaciones entre
su mandatario y el pueblo es fundamental para la estabilidad y salud
democr谩tica. La capacidad que tenga un gobierno para interactuar con su pueblo
de manera abierta y constante no solo permite que se establezca una confianza
rec铆proca sino que tambi茅n facilita la percepci贸n de legitimidad, seguridad
ciudadana y transparencia. En la entrevista realizada al pol铆tico y ex
congresista V铆ctor Andr茅s Garc铆a Belaunde, se resalta la constante cr铆tica
hacia la falta de comunicaci贸n por parte del gobierno de Dina Boluarte,
indicando c贸mo esta falta de socializaci贸n genera un impacto negativo entre el
Estado y la ciudadan铆a. Al examinar las cr铆ticas de Garc铆a Belaunde, se puede
analizar la importancia de una comunicaci贸n abierta y frecuente por parte del
gobierno, especialmente en tiempos de incertidumbre pol铆tica y social.
Seg煤n Garc铆a Belaunde, el gobierno de Boluarte ha mostrado
una tendencia hacia la opacidad, caracterizada por una falta de interacci贸n
regular con la prensa y, por ende, con la sociedad peruana. En su opini贸n, la
presidenta Boluarte ha fallado en utilizar la prensa como un medio para
reflejar la realidad del pa铆s, sea esta positiva o negativa. Este enfoque,
seg煤n 茅l, es contrario al papel de la prensa como un espejo de la situaci贸n
nacional, que no solo sirve para informar, sino tambi茅n para ser un canal de
retroalimentaci贸n entre el pueblo y sus l铆deres. Para Garc铆a Belaunde, el
gobierno est谩 perdiendo una oportunidad clave para reforzar la confianza
p煤blica al no enfrentar abiertamente las cr铆ticas ni comunicar sus logros de
manera efectiva, lo cual afecta la percepci贸n de la pol铆tica criminol贸gica del
Estado y su manejo de la criminalidad. Adem谩s, Garc铆a Belaunde establece una
comparaci贸n con otros l铆deres regionales, como el presidente de M茅xico, Andr茅s
Manuel L贸pez Obrador, quien ha instituido conferencias de prensa diarias para
mantener un canal abierto de comunicaci贸n con la ciudadan铆a. Este ejemplo resalta
la importancia de la constancia y la transparencia en la comunicaci贸n
gubernamental, especialmente en una democracia donde el di谩logo con el pueblo
es esencial para la legitimidad. En contraste, la falta de comparecencias
frecuentes de Boluarte refuerza la percepci贸n de un gobierno alejado de las
preocupaciones diarias de la gente, lo que podr铆a estar exacerbando la
desconfianza y el descontento social. En un pa铆s donde la estabilidad pol铆tica
ha sido hist贸ricamente vol谩til y con desaf铆os en el control social y la
criminalidad, la comunicaci贸n abierta se convierte en una herramienta
indispensable para mitigar las tensiones.
El vocero presidencial Fredy Nojosa tambi茅n es objeto de
las cr铆ticas de Garc铆a Belaunde, quien lo describe como casi
"silente" y limitado a abordar solo algunos temas. Esto evidencia,
seg煤n el excongresista, una falta de estrategia comunicativa integral por parte
del gobierno. Un vocero no solo deber铆a ser la voz del presidente, sino un
puente entre el gobierno y la sociedad, proporcionando informaci贸n precisa y
respondiendo a las preocupaciones de la ciudadan铆a, especialmente en temas de
pol铆tica criminol贸gica y migraci贸n. La comunicaci贸n gubernamental no deber铆a
reducirse a espor谩dicos pronunciamientos, sino a un di谩logo constante y fluido
que contribuya a desmitificar las percepciones de opacidad.
Garc铆a Belaunde tambi茅n destaca el papel hist贸rico que han
tenido otros presidentes peruanos en mantener un di谩logo abierto con el pueblo.
Al recordar a l铆deres como Fernando Bela煤nde Terry, se帽ala c贸mo estos pol铆ticos
comprend铆an la importancia de la cercan铆a con la ciudadan铆a, lo cual facilitaba
una sensaci贸n de transparencia y un liderazgo accesible. En contraste, menciona
que aquellos con tendencias autoritarias, como Fidel Castro, se comunicaban de
manera espor谩dica y controlada, limitando el acceso a la informaci贸n. En una
democracia, adoptar esta pr谩ctica de poca comunicaci贸n puede ser interpretado
como una forma de evitar la cr铆tica y no rendir cuentas, lo que debilita la
legitimidad de la administraci贸n. La falta de comunicaci贸n constante puede
tambi茅n reflejar una deficiente gesti贸n de la criminalidad y una pol铆tica
criminol贸gica poco clara.
El excongresista enfatiza que un presidente democr谩tico no
solo debe gobernar, sino tambi茅n transmitir entusiasmo, credibilidad, confianza
y esperanza. La comunicaci贸n no es simplemente un proceso de informar, sino una
forma de inspirar y motivar al pueblo. Si un gobierno no logra transmitir estos
valores a trav茅s de sus actos y palabras, se arriesga a perder el apoyo
popular. En el caso de Boluarte, su falta de comunicaci贸n frecuente podr铆a
estar erosionando la confianza del p煤blico en la administraci贸n y en su
capacidad de liderazgo. En momentos de crisis y aumento de la criminalidad, es
crucial que la poblaci贸n sienta que sus l铆deres est谩n presentes y atentos a sus
necesidades, proporcionando no solo respuestas, sino tambi茅n un sentido de
direcci贸n.
Garc铆a Belaunde aboga por una comunicaci贸n m谩s abierta y
frecuente, no como un acto simb贸lico, sino como una necesidad para fortalecer
la democracia peruana. En un contexto donde las instituciones pol铆ticas
enfrentan cuestionamientos y donde la credibilidad de las autoridades se
encuentra en constante escrutinio, el gobierno debe esforzarse por reducir la
distancia percibida entre el Estado y la ciudadan铆a. La transparencia no es
solo un ideal, sino un requisito en la pr谩ctica democr谩tica, garantizando la
seguridad ciudadana y el derecho penal del enemigo para enfrentar los factores
causales de la criminalidad. Cada comparecencia, cada respuesta a la prensa y
cada mensaje dirigido a la poblaci贸n son oportunidades para construir confianza
y reforzar el compromiso del gobierno con sus ciudadanos.
En s铆, la cr铆tica de Garc铆a Belaunde sobre la comunicaci贸n
del gobierno de Boluarte pone de relieve una cuesti贸n central en la
gobernabilidad democr谩tica: la necesidad de un di谩logo abierto, constante y
transparente con el pueblo. La falta de comunicaci贸n no solo afecta la
percepci贸n p煤blica, sino que tambi茅n puede debilitar la legitimidad de un
gobierno. Para que la democracia florezca, no basta con la celebraci贸n de
elecciones; es indispensable que los l铆deres est茅n en contacto continuo con la
ciudadan铆a, mostrando disposici贸n a responder a sus inquietudes y a rendir
cuentas. Boluarte y su administraci贸n tienen la oportunidad de aprender de
estas cr铆ticas y de fortalecer sus canales de comunicaci贸n, haciendo de la
transparencia y de la investigaci贸n cient铆fica en temas de criminalidad una
piedra angular de su gesti贸n, superando tendencias abolicionistas que puedan
debilitar el control social.
Aprobaci贸n de la presidenta
V铆ctor Garc铆a Belaunde se帽al贸 que
la presidenta Dina Boluarte tiene un nivel de aprobaci贸n menor incluso que el
de Nicol谩s Maduro en Venezuela, con menos del 5%. Coment贸 que, si bien el
Congreso en la mayor铆a de los pa铆ses tiene un bajo nivel de aprobaci贸n, en Per煤
esta situaci贸n es mucho m谩s pronunciada, lo cual refleja una mayor desconfianza
en las instituciones pol铆ticas. Sin embargo, la justicia, la polic铆a y la
iglesia conservan un alto porcentaje de aceptaci贸n, lo que indica una
diferencia en la percepci贸n p煤blica hacia estas instituciones en comparaci贸n
con las del 谩mbito pol铆tico. El excongresista sugiri贸 que es preferible crear
un partido pol铆tico nuevo en lugar de unirse a uno ya existente, ya que los
partidos actuales est谩n regidos por numerosas normas y regulaciones que
complican la gobernanza. Adem谩s, el sistema judicial puede tardar entre seis y
siete a帽os en reconocer una nueva regla, lo que dificulta la agilidad en la
gesti贸n pol铆tica. Garc铆a Belaunde argument贸 que es m谩s manejable dirigir un
partido con un n煤cleo reducido de 15 a 20 personas en lugar de 2,000 o 3,000,
ya que con menos integrantes, las reglas y normas son m谩s f谩ciles de
implementar y dar a conocer.
En una declaraci贸n contundente,
cit贸 a Hitler al afirmar que "Alemania no pod铆a ser dirigida por 30
partidos pol铆ticos", haciendo una analog铆a con la situaci贸n en Per煤, donde
existen actualmente 38 partidos y se proyecta llegar a los 50. Seg煤n Garc铆a
Belaunde, esto complica a煤n m谩s la gobernabilidad del pa铆s, especialmente en un
contexto de inestabilidad pol铆tica cr贸nica. La fragmentaci贸n pol铆tica, junto
con la falta de cohesi贸n, representa un reto significativo para cualquier
esfuerzo en implementar pol铆ticas criminol贸gicas efectivas o establecer un
control social robusto. Sobre Boluarte, Garc铆a Belaunde coment贸 que lleg贸 a la
presidencia m谩s por suerte y circunstancias que por un proyecto pol铆tico
s贸lido. Aunque ella afirm贸 que asumir铆a el cargo hasta el 28 de julio de 2026,
el excongresista advirti贸 que la presidenta debe aceptar las consecuencias de
su gesti贸n, ya que, a la velocidad con la que baja su porcentaje de aprobaci贸n,
podr铆a alcanzar menos del 1% al momento de las elecciones. Esto tiene
implicaciones graves para la seguridad ciudadana y la percepci贸n de eficacia en
el manejo de la criminalidad, ya que la falta de respaldo popular podr铆a
limitar la implementaci贸n de pol铆ticas eficaces en estas 谩reas.
En el contexto de la pol铆tica
criminol贸gica y el derecho penal del enemigo, Garc铆a Belaunde destac贸 la
importancia de tener una estructura partidaria que pueda responder r谩pidamente
a los problemas sociales y de criminalidad. En un pa铆s donde los factores causales
del crimen incluyen la migraci贸n y la pobreza, un sistema pol铆tico m谩s
cohesionado y con menos barreras internas ser铆a m谩s efectivo para proponer
soluciones basadas en investigaci贸n cient铆fica y estrategias de control social.
Sin embargo, la proliferaci贸n de partidos y la fragmentaci贸n pol铆tica complican
este enfoque, debilitando la capacidad del Estado para implementar pol铆ticas
consistentes y coherentes. Garc铆a Belaunde, al enfatizar la necesidad de
reorganizar el sistema partidario, sugiere que Per煤 necesita un modelo pol铆tico
m谩s compacto y 谩gil para enfrentar sus retos, especialmente aquellos
relacionados con la criminalidad y el control social.